Zonas Francas

y La Ley de Presupuesto


El pasado 20 de junio de 2017 el Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea General el proyecto de ley referente a Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2016.

En materia de zonas francas el proyecto en cuestión propone modificaciones en varios artículos de la ley 15.921: “Ley de aprobación de zonas francas”.
  • Posibilidad de brindar servicios desde zona franca a contribuyentes gravados por IRAE
Se establece que los usuarios de zonas francas podrán brindar servicios desde las mismas a contribuyentes gravados por IRAE siempre que en el ejercicio económico no superen el 5% del monto correspondiente a los servicios. 

Cabe destacar, que dicho limite no será aplicable a los servicios telefónicos o informáticos prestados por los usuarios desde zonas francas hacia territorio nacional no franco:
  1. Centro Internacional de llamadas (International Call Centers), excluyéndose aquellos que tengan como único o principal destino el territorio nacional.
  2. Casillas de correo electrónico.
  3. Educación a distancia.
  4. Emisión de certificados de firma electrónica.
Lo dispuesto anteriormente, no podrá afectar los monopolios, exclusividades estatales o concesiones públicas.
  • Requisitos de los contratos celebrados entre los usuarios y quienes exploten las zonas francas.
El proyecto intensifica los requisitos que deben cumplirse:
  1. Autorización previa por parte del Área de Zonas Francas de la Dirección General de Comercio.
  2. Las solicitudes de autorización como sus prórrogas deberán contener información sobre la empresa y el proyecto de inversión a realizar (incluyendo el plan de negocios), que permita evaluar su viabilidad económica y financiera y su contribución al cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley 15.921 esto es: promover inversiones, expandir las exportaciones, incrementar la utilización de mano de obra nacional e incentivar la integración económica internacional. 
Plazos máximos de las autorizaciones:
  1. Los usuarios directos: quince años para la realización de actividades industriales y de diez años para la realización de actividades comerciales o de servicios.
  2. Los usuarios indirectos: cinco años.
No se aceptarán cláusulas contractuales que prevean prórrogas automáticas.
Las prórrogas deberán presentarse ante el Área Zonas Francas con una antelación no menor a los ciento veinte días respecto del vencimiento del plazo de la autorización del contrato original o su prórroga.

La presentación se realizará una vez que haya transcurrido al menos el 85% del plazo de la autorización del contrato original o su prórroga, siempre que la duración de la autorización lo permita.

En caso de no existir pronunciamiento respecto de la solicitud de prórroga antes de transcurridos ciento veinte días desde su presentación, y siempre que se hubiera presentado en tiempo y forma toda la información que el Área de Zonas Francas considere necesaria para la evaluación, se entenderá que ha recaído una autorización ficta de la prórroga.

Usuarios de zonas francas localizadas fuera del Área Metropolitana.
 
Para éstos se prevén plazos de autorización de contratos de usuario más extensos. Será según las condiciones que defina el Poder Ejecutivo con el objetivo de potenciarlas en virtud de las desventajas que pueden surgir como consecuencia de su localización.

Facultad del Poder Ejecutivo.

Se habilita al Poder Ejecutivo para la autorización de contratos tanto de usuarios directos como indirectos por plazos mayores a los mencionados anteriormente.

Para que esto sea viable se requiere una resolución fundada del Poder Ejecutivo, en función el monto de inversión en activos fijos, el empleo que se estime generar u otras razones que determinen una contribución excepcional al cumplimiento de los objetivos ya enunciados.

Consecuencia ante la inobservancia de los requisitos.

El Estado a través del Área Zonas Francas por sí o a solicitud del explotador o usuario directo de una zona franca, podrá revocar de manera fundada la autorización del contrato, el cual quedará rescindido de pleno derecho.
  • Situación de los contratos que carezcan de plazo, que excedan el plazo o se hayan pactado prórrogas automáticas.
Se deberá presentar dentro del término de un año desde la reglamentación de la ley, para la aprobación por parte del Área de Zonas Francas la misma documentación e información que es requerida para las solicitudes de autorización o prórroga.

Para el caso de usuarios cuyo plan de negocios tenga por objeto la realización de actividades comerciales o de servicios, cuando no se constatará la contribución mencionada anteriormente, la resolución del Área Zonas Francas deberá establecer un nuevo plazo de autorización del contrato, el cual no podrá exceder el 30 de junio de 2021.

En el caso de los usuarios directos e indirectos que no se presentaren de acuerdo a lo dispuesto anteriormente, sus contratos quedarán rescindidos de pleno derecho a partir del 30 de junio de 2021.
  • Obligación de presentar declaración jurada.
Cada dos años deberá ser presentada por los usuarios ante el Área Zonas Francas, con información relativa al cumplimiento del proyecto de inversión aprobado, en la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.

En caso de incumplimiento de dicha obligación se podrán aplicar alguna de estas sanciones:
  1. Multa de hasta N$ 50:000.000 (cincuenta millones de nuevos pesos) que se reajustarán por el Índice de los Precios al Consumo establecido por la Dirección General de Estadística y Censos.
  2. Prohibición de ingresos y egresos de mercaderías y/o la realización de cualquier operación en calidad de usuario por un   tiempo determinado; y
  3. Pérdida de las exenciones y demás beneficios que esta ley concede.
  • Situación respecto de los tributos nacionales.
Los usuarios están exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso aquellos en que por ley se requiera exoneración específica, respecto de las actividades que desarrollen en la misma, siempre y que estas se realicen en el marco de la presente ley, de acuerdo con los términos de la autorización otorgada conforme a lo dispuesto en la ley.

Lo dispuesto sin perjuicio de las disposiciones legales especiales que autorizaren la realización de actividades complementarias fuera de las zonas francas, el Poder Ejecutivo podrá disponer aquellos requisitos que permitan verificar el cumplimiento del proyecto de inversión y el plan de negocios aprobados por el Área Zonas Francas.
  • Situación de las rentas derivadas de la explotación de derechos de propiedad intelectual y otros bienes intangibles.
Se dispone que las mismas estarán exentas siempre que provengan de actividades de investigación y desarrollo realizadas dentro de las zonas francas, y solamente por el monto correspondiente a la relación que guarden los gastos directos para desarrollar el activo intangible sobre los gastos directos totales incurridos para su desarrollo, aplicada a las rentas derivadas de dicha explotación, en los términos y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.
  • Prohibiciones a ciertas actividades.
No se permitirá el comercio al por menor dentro de las zonas francas en las actividades a realizar por los usuarios directos e indirectos, ni la prestación de servicios a consumidores finales con independencia del lugar de consumo. Esta prohibición no comprenderá la provisión de bienes y servicios entre usuarios o entre usuarios y explotadores de las zonas francas. Asimismo, aquellas actividades comerciales o de servicios destinadas a satisfacer el consumo final de bienes y servicios por parte del personal de las zonas en oportunidad de realizar su actividad laboral dentro de las mismas, que realice el explotador o contrate con terceros no usuarios y que resulten necesarias para la realización de las actividades de la zona, no se encuentran comprendidas en la prohibición.

 

            

Luciana Girino Torres
lgirino@bda.com.uy