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Madrid & Palma de Mallorca Montevideo, viernes 3 de marzo de 2017
 

DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

Luciana Girino
Luciana Girino
lgirino@bda.com.uy
La protección del medio ambiente ha tomado cada vez mayor relevancia en los ordenamientos jurídicos de diferentes países. Uruguay no ha quedado ajeno a esta situación. Es así que el pasado 1 de febrero de 2017, con la firma de todos los ministros, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley sobre delitos contra el ambiente, para su consideración.
La protección del medio ambiente ha tomado cada vez mayor relevancia en los ordenamientos jurídicos de diferentes países. Uruguay no ha quedado ajeno a esta situación. Es así que el pasado 1 de febrero de 2017, con la firma de todos los ministros, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley sobre delitos contra el ambiente, para su consideración. El propósito del proyecto de ley presentado es la incorporación de un título especifico de delitos contra el ambiente en el Código Penal uruguayo.

Regulación vigente: Al día de hoy no se han previsto en nuestro ordenamiento jurídico, figuras delictuales cuyo bien jurídico sea el ambiente, con la única y especial excepción del delito de introducción de desechos peligrosos, establecido en el art. 9 de la Ley Nº 17.220, del 11 de noviembre de 1999. Actualmente, las sanciones por cuestiones relativas al medio ambiente son únicamente en la jurisdicción civil y administrativa.

Regulación prevista en el proyecto de ley: • Delitos que se incorporan:
Con el proyecto se incorporan ocho delitos agrupados en los capítulos 1, 2 y 3 del mismo.

Capítulo 1: Delitos contra la contaminación.
Allí se tipifican los delitos de contaminación del aire, contaminación de aguas y contaminación por residuos o sustancias todos ellos con una pena que puede ir entre los seis meses de prisión a los ocho años de penitenciaría. Asimismo, se tipifica el delito de introducción de desechos peligrosos, previéndose para el mismo una pena de doce meses de prisión a doce años de penitenciaría.

Capítulo 2: Delitos contra la biodiversidad.
Dentro de este capítulo se prevén los delitos de: caza, pesca, captura y muerte de fauna en áreas naturales protegidas; y tala, destrucción y alteración de flora en áreas naturales protegidas, para los delitos mencionados se prevé una pena que puede ir entre los tres meses de prisión a los seis años de penitenciaría. A su vez, se establece en este capítulo el delito de tráfico de fauna y flora protegidas sancionándose con una pena de seis meses de prisión a ocho años de penitenciaría.

Capítulo 3: Delitos contra le gestión ambiental

En este capítulo se establece el delito de falsedad y obstaculización de la fiscalización ambiental, para el cual se prevé una pena de seis a veinticuatro meses de prisión e inhabilitación especial de dos a seis años.

• Cuantificación de las penas:
Las penas en los delitos contra la contaminación podrán verse incrementadas en su guarismos cuando se configuren algunas de las circunstancias previstas específicamente como agravantes, a saber: cuando como consecuencia de ella resultase la muerte o la lesión de una o varias personas; cuando se cometieran en áreas naturales protegidas incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, creado por la Ley Nº 17.234, de 22 de febrero de 2000; cuando el delito se hubiera cometido en relación a una actividad, construcción u obra que no hubiera obtenido las autorizaciones o permisos requeridos por leyes nacionales u otras disposiciones protectoras del ambiente; que se hubiera desobedecido de forma contumaz las órdenes expresas de corrección o suspensión de las actividades que hubieran sido declaradas por la autoridad nacional competente en la protección del ambiente. En el caso del delito de introducción de desechos peligrosos, constituye una agravante especial que del hecho resultara daño al ambiente.

En los delitos contra la biodiversidad (con excepción del delito de tráfico de fauna y flora protegidas), constituyen circunstancias agravantes: que el delito de hubiera cometido contra especies o subespecies declaradas en peligro de extinción de acuerdo con las leyes nacionales protectoras del ambiente o su reglamentación; que el delito se cometiera mediante el uso de explosivos o cebos tóxicos, o envenenando fuentes de alimentos; que como consecuencia del delito se destruyeran o alteraran sitios de reproducción, nidadas o madrigueras.

La pena se verá disminuida en un tercio a la mitad, cuando los delitos (con excepción del tráfico de fauna y flora protegidas) fueran cometidos con culpa.

• Responsabilidad de la persona jurídica:
Con el proyecto de ley se busca que la responsabilidad penal no recaiga únicamente en la persona física sino también se pueda extender a la persona jurídica. El artículo 11 del proyecto señala que cuando los hechos sean atribuibles a una persona jurídica, “se considerará plenamente responsable a quien hubiera ejercido efectivamente el poder de dirección y a quien con su participación hubiera contribuido de manera determinante en la concreción de tales hechos”.
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