NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA FISCAL – IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y DE LOS TITULARES DE PARTICIPACIONES NOMINATIVAS
 

 
A partir del 1º de enero de 2017, algunas entidades determinadas tendrán la obligación de identificar a sus beneficiarios finales, contando con la documentación que lo acredite fehacientemente, para remitirla al Registro del Banco Central del Uruguay. Con la nueva Ley se pretende identificar al beneficiario final que existe detrás de la cadena de accionistas de cada sociedad. A diferencia de lo que ocurría anteriormente con la Ley 18.930 de junio del 2012, que se debía identificar solamente al primer accionista de la sociedad en la medida que esta sea una sociedad con títulos al portador.

Se entiende por beneficiario final a la persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica. 

ENTIDADES OBLIGADAS:

Las entidades obligadas a identificar son las residentes fiscales en Uruguay, siendo estas las personas jurídicas y demás entidades que se hayan constituido de acuerdo a las leyes nacionales, siempre que no se hubieren establecido domicilio en el exterior una vez culminados los trámites legales correspondientes a la transferencia del domicilio al extranjero. Por el contrario, si serán residentes aquellas que se hayan establecido domicilio en Uruguay una vez culminados los trámites que dispongan las normas legales y reglamentarias vigentes.

De acuerdo a lo previsto en la exposición de motivos del Proyecto de Ley, el mismo promete por un lado compilar las normas en materia de lavado de activos, y por otro lado procura introducir aquellas modificaciones normativas imprescindibles a efectos de alcanzar el cumplimiento internacional en la materia.

Asimismo, se deberán identificar las no residentes, siempre que (i) actúen en Uruguay mediante un Establecimiento Permanente, (ii) radiquen en Uruguay su sede de dirección efectiva para el desarrollo de actividades empresariales en el país o en el exterior, o (iii) que sean titulares de activos situados en territorio nacional por un valor superior a 2.500.000 UI (aproximado de US$ 300.000), de acuerdo a las reglas de valuación de activos aplicables en IRAE.

Del mismo modo, se incluyen a los beneficiarios de fondos de inversión y fideicomisos del exterior, cuyos administradores o fiduciarios sean residentes en el territorio nacional.

Por otro lado, hay una obligación adicional a las sociedades anónimas con acciones nominativas o escriturales, las sociedades en comandita por acciones, asociaciones agrarias o cualquier otra persona jurídica o entidad habilitada para emitir participaciones o títulos nominativos, además de informar respecto al beneficiario final, deberán comunicar los datos identificatorios de sus titulares, así como el porcentaje de su participación en el capital social al Banco Central del Uruguay.

En el caso de los fideicomisos deberá identificarse al fideicomitente, fiduciario y beneficiario.
 
Hay ciertas entidades que quedan excluidas de la obligación de identificar, ellas son las siguientes:
(a) entidades cuyos títulos de participación patrimonial coticen a través de bolsas de valores nacionales, de bolsas internacionales de reconocido prestigio o de otros procedimientos de oferta pública, siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados;

(b) fondos de inversión debidamente constituidos y supervisados por el país de su residencia, de acuerdo a los criterios que establezca la reglamentación, y;

(c) condominios, sociedades conyugales y sociedades de bienes reguladas por la Ley de Unión Concubinaria.

Asimismo, estarán excluidas a la obligación de informar las sociedades personales o sociedades agrarias en que la totalidad de cuotas sociales pertenezcan a personas físicas, siempre que sean estas sus beneficiarios finales, ni las sociedades de hecho o civiles integradas exclusivamente por personas físicas que sean sus beneficiarios finales.

Se prevé que el Poder Ejecutivo pueda exceptuar a otras entidades que en función de su naturaleza y composición de capital resulten de bajo riesgo en materia de lavado de activos y evasión tributaria.

Las entidades deben conservar la documentación respaldante en las mismas condiciones que las establecidas para los libros obligatorios de las sociedades comerciales y adoptar medidas para mantener a la información actualizada. 

PLAZOS Y CONDICIONES:

En cuanto a los plazos y condiciones para el registro de la información, se establece que los mismos serán fijados por el Poder Ejecutivo, no pudiendo excederse los siguientes plazos:

- 30 de setiembre de 2017 para el caso de las entidades comprendidas en la Ley 18.930 (identificación de titulares de participaciones al portador).

- 30 de junio de 2018 para el caso de entidades emisoras de acciones nominativas, sociedades personales y demás entidades.

Las modificaciones posteriores a la primera comunicación, deberán ser informadas dentro del plazo de 30 días a partir de su verificación, o de 90 días si los titulares de las participaciones son no residentes. 


 ACCESO A LA INFORMACIÓN:

Los datos de los que disponga el Banco Central del Uruguay, serán de carácter secreto y únicamente podrán ser remitidos a:

a) La Dirección General Impositiva siempre que tal información se solicite una vez que se haya iniciado formalmente una actuación inspectiva vinculada a sujetos pasivos determinados, o para el cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por parte de la autoridad competente de un Estado extranjero, exclusivamente en el marco de convenios internacionales ratificados por la República en materia de intercambio de información o para evitar la doble imposición, que se encuentren vigentes.

b) La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU, en el desarrollo de sus cometidos.

c) El Poder Judicial, cuando mediare resolución fundada únicamente de las Sedes Penales o de la Justicia competente si estuviera en juego una obligación alimentaria.

d)  La Junta de Transparencia y Ética Pública, siempre que tal información se solicite una vez que se haya iniciado formalmente una actuación vinculada al ámbito de su competencia.

e) Otros organismos, siempre que cuenten con la autorización expresa y por escrito de los sujetos cuyos datos estén consignados en el Registro.

SANCIONES:

Hay varias situaciones en las cuales se puede ser sancionado, las cuales se desarrollan a continuación:

a) El incumplimiento de la obligación de identificar a los beneficiarios finales, se castigará con una multa de hasta cien veces el valor máximo de la multa por contravención.

b) En caso de incumplimiento de la obligación de conservar la información y la documentación, así como en la omisión de presentar la declaración jurada, será castigado con una multa de igual tenor que la anterior, es decir hasta 100 veces el valor máximo de la multa por contravención.

c) Los representantes legales y voluntarios están sometidos a las sanciones antes mencionadas, en caso de participación personal en el incumplimiento.

d) Las entidades que incumplan, no podrán pagar utilidades ni dividendos, rescates, recesos o el resultado de la liquidación de la entidad, así como cualquier partida de similar naturaleza, realizada a los titulares o beneficiarios respecto de los cuales no se haya cumplido con la obligación de identificar. En caso de que, pese a esta norma, la entidad distribuya los dividendos u utilidades, la sanción será de una multa cuyo máximo será equivalente al monto distribuido indebidamente.

e) La omisión de presentación de las declaraciones juradas al Registro también configurará la suspensión del certificado único de la entidad. El Banco Central del Uruguay y la Auditoría Interna de la Nación indicaran a la Dirección General Impositiva de los incumplimientos para efectivizar esta sanción. 

f) El Poder Ejecutivo podrá, además, publicar la nómina de las entidades que hubiesen incurrido en incumplimiento.
g) Los Registros Públicos no inscribirán actos y negocios jurídicos cuando haya falta de cumplimiento.

h) En caso de utilización de formas sociales inadecuadas impidiendo conocer a su beneficiario final o induzca a error sobre la obligación de identificación, será pasible de será sancionado con una multa de hasta mil veces el valor máximo de la contravención.

Asimismo, los obligados a reportar operaciones sospechosasconforme a la Ley 17.835 y modificativas, están obligados a exigir a sus clientes, cuando corresponda, como parte de sus procedimientos de debida diligencia, la información resultante del cumplimiento de esta nueva ley.
 
 
 
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Pilar Brito 
pbrito@bda.com.uy