AUMENTA LA NÓMINA DE SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 

 
El pasado 28 de noviembre de 2016, el Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo para su consideración el Proyecto de Ley Integral Contra el Lavado de Activos, cuya finalidad se centra fundamentalmente en la actualización de la normativa vigente en la materia de referencia. Dicho Proyecto tiende a la regularización y adecuación normativa de la legislación uruguaya, a las recientes recomendaciones del GAFI, (Grupo de Acción Financiera Internacional).
 
De acuerdo a lo previsto en la exposición de motivos del Proyecto de Ley, el mismo promete por un lado compilar las normas en materia de lavado de activos, y por otro lado procura introducir aquellas modificaciones normativas imprescindibles a efectos de alcanzar el cumplimiento internacional en la materia.
 
Si bien el citado Proyecto de Ley dispone una serie de cambios relevantes a la normativa anti lavado, en esta instancia resulta pertinente precisar la ampliación a la nómina de sujetos obligados a reportar ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (“UIAF”) del Banco Central del Uruguay aquellas transacciones que resulten inusuales o sospechosas, se presenten sin justificación económica o legal evidente  o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada.
 
A efectos de optimizar la prevención y la detección de operaciones inusuales o sospechosas en diversas áreas, el Proyecto de Ley pretende incorporar al listado de sujetos obligados los siguientes:
 
  • Proveedores de servicios societarios, fideicomisos y en general, cualquier persona física o jurídica cuando realicen o se dispongan a realizar transacciones para un cliente sobre las siguientes actividades:
  1. Constituir sociedades u otras personas jurídicas.
  2. Integrar el directorio o ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
  3. Facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídica.
  4. Ejercer funciones de fiduciario de un fideicomiso expreso o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
  5. Ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona.
 
  • Asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones y en general, cualquier organización sin fines de lucro con o sin personería jurídica.
 
  • Los Contadores Públicos y otras personas físicas o jurídicas, que actúen en calidad de independientes y que participen en el asesoramiento o la realización de las siguientes operaciones o actividades para sus clientes:
 
  1. Promesas, cesiones de promesas o compraventa de bienes inmuebles.
  2. Administración del dinero, valores u otros activos del cliente.
  3. Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.
  4. Organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades.
  5. Creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos.
  6. Promesas, cesiones de promesas o compraventa de establecimientos comerciales.
  7. Actuación por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
  8. Preparación o revisión de declaraciones fiscales.
  9. Confección, compilación, revisión, o auditoria de estados contables.
 
Si bien, la finalidad de la Presidencia es combatir el delito de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, con la presente actualización serán pocas las situaciones y sujetos que no queden alcanzados por el deber de informar. Es de inferir que el Poder Ejecutivo pretende asegurar la implementación de forma masiva de procesos de debida diligencia de clientes por parte de todos los sujetos obligados. Se deberá procurar un adecuado y detallado relacionamiento con los clientes, conociendo a fondo sus actividades.
 
Sin perjuicio de lo anterior, deberá estarse atento, a que la nueva normativa no resulte en la indiscriminada eliminación o restricción de relaciones comerciales con clientes.
 
Por otra parte, resulta importante destacar que el Proyecto de Ley prevé que en los casos donde los sujetos obligados cumplan con la obligación de informar, -de acuerdo a lo previsto en la normativa-, no se configurará violación de secreto profesional por constituir obediencia a una norma legal dictada en función del interés general. Por lo tanto, no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa ni de ninguna otra especie.
 
A pesar de la finalidad perseguida, el Proyecto de Ley ya ha suscitado grandes disputas. Desde su conocimiento, varios especialistas han criticado el Proyecto, por entender que la iniciativa viola derechos de rango constitucional y violenta garantías al incluir a determinados profesionales en la nómina de sujetos obligados, (o por encontrarse tácitamente incluidos). Por el momento habrá que atenerse a lo que se disponga a nivel del legislativo.
 
***
 
 
Dra. Florencia Ventós 
fventos@bda.com.uy