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BCU proyecta nuevas reglas para los Intermediarios de Valores

 

Con fecha 13 del corriente, el Banco Central del Uruguay hizo público un proyecto normativo modificatorio del régimen actual aplicable a los intermediarios de valores (corredores de bolsa y agente de valores). El plazo para elevar comentarios y sugerencias expira el 15 de marzo de 2018, por lo que es de esperar que a mediados del 2018, estos supervisados cuenten con un nuevo marco regulatorio. Este proyecto no solo aborda a los intermediarios de valores sino que también introduce modificaciones relevantes a la licencia de “asesor de inversiones” a quien se le limita su capacidad operativa y además se crea una nueva figura llamada “gestor de patrimonios”.

En el presente comentario analizaremos los aspectos que se modifican con relación a los intermediarios de valores. El proyecto introduce modificaciones en casi todos los aspectos esenciales de su actividad recogiendo, en términos generales, un reclamo reiterado con relación a la forma de abordar el desarrollo y supervisión de este sector del mercado de valores.

Las preocupaciones planteadas se basaban principalmente en no encorsetar la actuación de los intermediarios de valores sino por el contrario, apuntalarlos, junto a un correcto control de los riesgos asociados. Ese parece ser el espíritu que se desprende del proyecto.

Desde el ángulo de la capacidad operativa de estas entidades, no es noticia que hace un tiempo se estaban presentando dudas interpretativas con relación a las operaciones permitidas. Dudas que se originaban fundamentalmente a partir de la escueta definición sobre la figura de “intermediario de valores” contenida en nuestra Ley de Mercado de Valores. En efecto, esta establece que los intermediarios son aquellas entidades que tengan por actividad la realización, en forma profesional y habitual, de actividades de “intermediación” entre oferentes y demandantes de valores de oferta pública o privada. Puede fácilmente notarse que la incertidumbre parte de la propia conceptualización que dio el legislador a la figura. A ello se agrega que su objeto es exclusivo. Por último, tampoco existe una lista de “operaciones permitidas” y una regulación sobre “operaciones prohibidas”.

Frente a este panorama, el efecto inmediato y natural es la parálisis, generándose el desvío de la demanda a otros sectores no preparados para atender este mercado, por su naturaleza o complejidad, o a quienes no reúnen las condiciones que un intermediario de valores si puede ofrecer. Máxime cuando tampoco hay bancos de inversión.

El proyecto normativo constituye un paso importante para levantar varios obstáculos que permitirán dinamizar el mercado de valores. Ingresando en los cambios propuestos, seguidamente haremos un breve resumen y comentario de los más relevantes:

  • Se define el alcance del concepto de intermediación en valores “por cuenta de terceros”, consistiendo este en: comprar, vender, arrendar, canjear o prestar valores de oferta pública o privada, tanto en mercados regulados como extrabursátiles. Para evitar dudas interpretativas entendemos que debería incorporarse explícitamente a las operaciones de repo (flotación de valores) y las ventas “en corto”.
  • Considera como “complementarias” las siguientes actividades: operar en valores por cuenta propia, asesorar en valores o instrumentos financieros brindando recomendaciones personalizadas, canalizar órdenes de clientes, realizar informes de inversiones y análisis de valores generales no personalizados, referenciar clientes a otras instituciones financieras, gestionar portfolios de clientes, oficiar de estructurador de emisiones de valores de oferta pública, underwriting de valores de oferta pública. La inclusión de las mismas dentro de la categoría de actividades “complementarias” parecería pretender impedir que se utilice la licencia de intermediario de valores para llevar adelante sólo operaciones “por cuenta propia”, o sólo actividades de “asesor de inversiones” o la combinación de estas u otras, sin realizar actividades por cuenta de terceros, o realizándolas, no constituyan la actividad principal.
  • Al tiempo que se permite expresamente a los intermediarios actuar como underwriters según vimos en párrafo anterior, también se les impone en la modalidad “en firme”, contar con el financiamiento necesario con recursos propios o recurriendo al crédito. Este aspecto tendrá un enorme impacto en el desarrollo del mercado de capitales al otorgar a los intermediarios una herramienta para “asegurar” las colocaciones la salida exitosa al mercado.
  • En su operativa por cuenta propia (al igual que para el underwriting), se le permite recurrir al financiamiento con recursos propios o crédito proveniente sólo de: sus directores, sus accionistas, entidades de intermediación financiera nacional o extranjera, organismos internacional de crédito o fomento de desarrollo, fondos de pensión extranjeros (con ciertos límites), fondos de inversión sujetos a supervisión (con ciertos límites) y personas jurídicas de giro financiero, fideicomiso financiero o patrimonios de afectación (con ciertos límites y autorizaciones). Esto implica que el intermediario podrá emitir obligaciones negociables, por ejemplo, y ser adquiridas por los sujetos antes señalados, como mecanismo de financiamiento para su actividad de compra de valores por cuenta propia. También podrá contraer ese crédito mediante préstamos de dinero con dichas instituciones. Existe un antecedente al respecto donde un intermediario de valores fue autorizado en ese sentido, a lo cual ahora se incorpora expresamente dicha facultad.
  • Debió incluirse, en nuestra opinión, la posibilidad de recurrir al financiamiento propio mediante emisión de acciones preferidas. Si bien no está prohibida en la regulación actual, lo cierto es que tampoco hay una regulación expresa, lo cual impide en la práctica su emisión, dado que no se regulan mecanismos usuales de quien utiliza ese mecanismo: posibilidad de transferencia de las acciones sin autorización previa del supervisor (mercado secundario) y la posibilidad de rescate (en clara desventaja a lo que sucede con los bancos). En definitiva, la acción preferida podría ser un instrumento de fortalecimiento del patrimonio del intermediario a la vez de servir de fondeo para actuar en los underwritings que se hagan para emisiones de obligaciones negociables “en firme”.
  • Un aspecto indicado en la comunicación del BCU es que la lista de operaciones antes señaladas como parte de la nueva capacidad operativa es que tendrán la condición de ser una lista taxativa.
  • Se regulan y refuerzan aspectos vinculados con los “principios de actuación” que deben guiar a los intermediarios. Estos son: actuar con lealtad y ética comercial, ceñirse a la buenas prácticas de y principios de ética, formalizar las relaciones con los clientes, obtener información para elaborar perfil del cliente y estrategia de inversión que mayor se adapte a su perfil, brindar información al cliente, gestionar en forma diligente los porfolios con arreglo a los poderes de administración conferidos por sus clientes.
  • Se incorpora la necesidad de autorización previa para la actuación en el exterior a través de empleados, apoderados o directores. También para abrir dependencias.
  • Con relación a la estabilidad y solvencia del intermediario, se agrega a las garantías actualmente vigentes, la de incrementar la misma con el equivalente a un 0,05% del portfolio gestionado de clientes. Asimismo, se agregan alternativas para constituir la garantía a depositar en el BCU.
  • Se mantiene la posibilidad de que el intermediario pueda comprar valores “por cuenta propia” descargando a sus clientes en un momento posterior. Sin embargo, cuando la venta de dichos valores se realice el mismo día en que el intermediario los adquirió como posición propia, deberá informar al cliente el precio de adquisición del valor y el precio de ingreso de los valores al patrimonio del intermediario.
  • Se incrementa la información a suministrar al supervisor, en tanto mensualmente deberá indicarse mediante declaración jurada el monto de los portfolios administrados por cuenta de cuenta de terceros. También en los estados contables anuales, se solicita especial énfasis en los saldos de las cuentas de orden.
  • Se incorporan requerimientos de control interno. En ese sentido, deberán los intermediarios tener un estructura de organización interna equilibrada, con una clara definición de roles y responsables. La mesa de operaciones deberá funcionar en el domicilio declarado del intermediario y deberá estar perfectamente separada del sector de asesoramiento o gestión del porfolio de clientes. Crear un sistema de control interno confiable y adecuado a los riesgos, naturaleza y complejidad de su actividad. Finalmente constituir para los fondos y valores por cuenta de terceros, cuentas bancarias y de custodia independientes para los movimientos del patrimonio del intermediario de valores y para los clientes.
  • A los registros obligatorios que actualmente llevan los intermediarios, se agregan los siguientes: registro de asesoramientos y referenciamientos individuales; registro de instrucciones cursadas a intermediarios de valores, registro de certificados de legitimación emitidos a solicitud de clientes, registro de valores inscriptos por el intermediario en el registro de entidades registrantes.

En resumen, un proyecto normativo muy relevante para el sector, que seguramente, con modificaciones y ajustes previos a su implementación definitiva, brindarán parte de las certezas que los operadores y el mercado reclamaba desde hace unos años.

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